Cómo despedir a un trabajador. Primero, mira si tienes causa.

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo modificó su doctrina histórica para aplicar directamente el artículo 7 del Convenio 158 de la OIT. Antes de dar por terminada la relación laboral por motivos relacionados con la conducta o el rendimiento, el empleador debe ofrecer al trabajador la posibilidad efectiva de defenderse de los cargos, salvo que no pueda pedirse razonablemente. Aunque la sentencia no fija un plazo único en horas para todos los sectores (debiendo respetarse siempre el que marque el Convenio Colectivo), en SEASI recomendamos un pliego escrito y un plazo de 48 a 72 horas en días laborables para dejar constancia de la defensa ofrecida. La valoración de la prueba corresponde al juez.

Por la vía de complementar la indemnización tasada, hoy no. Las sentencias del Pleno del Tribunal Supremo 1350/2024, de 19 de diciembre, y 736/2025, de 16 de julio (ROJ STS 3387/2025), rechazan añadir una cantidad a la del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores por las circunstancias particulares del perjuicio; la primera con el Convenio 158 de la OIT y la segunda examinando también la Carta Social Europea revisada. Subsisten otros conceptos legalmente procedentes. El riesgo real hoy reside en la nulidad (Art. 55.5 ET) y, cuando exista vulneración de derechos fundamentales o discriminación probada, en los daños morales adicionales (Art. 183 LRJS).

Para contratos celebrados antes del 12 de febrero de 2012, la indemnización por improcedencia se calcula en dos tramos, a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo anterior a esa fecha, y a razón de 33 días por año por el tiempo posterior. El importe resultante no puede superar los 720 días de salario, salvo que el cálculo del primer tramo (anterior al 12/02/2012) supere por sí solo esos 720 días, en cuyo caso opera como tope el devengado en ese primer tramo, con el límite absoluto de 42 mensualidades (1.260 días).

Un despido toca lo laboral, lo fiscal y las cuentas. En SEASI revisamos las tres cosas antes de preparar la carta, con una sola firma. El graduado social prepara el expediente y te representa en la conciliación y, si hace falta, en el juzgado de lo social. El economista y perito judicial firma la memoria económica. El asesor fiscal comprueba la exención del IRPF y las retenciones. Además, en el despido objetivo se suele perder por no conectar la causa con el puesto concreto. Una caída de ventas no explica por sí sola por qué sobra ese puesto. Revisamos las cuentas y las funciones del puesto para conectar las dos cosas.

Antes de escribir la carta, cobramos por revisar si tienes causa y qué puedes demostrar. Para empresas parte de 490 € + IVA (592,90 € con IVA). Para empleo de hogar cuesta 302,50 € con IVA incluido. Se paga también cuando la respuesta es que no. En la Fase 1 revisamos el contrato y las nóminas junto con la información laboral necesaria, obtenida lícitamente y sin historiales clínicos. Con eso te damos una estimación de costes y una propuesta de actuación. Si después encargas la Fase 2 o la 3, el importe de esta revisión cuenta dentro de ese presupuesto.

Sí. El despido por simple desistimiento se eliminó en 2022. Siguen las causas generales del Estatuto y las especiales del artículo 11.2 del Real Decreto 1620/2011, que exigen justificar una caída de ingresos, un aumento sobrevenido de gastos, un cambio sustancial de las necesidades de la familia o una conducta que haga perder la confianza de forma razonable y proporcionada. En estas causas especiales comunicas por escrito la decisión y su causa y, al comunicarla, pones a disposición la indemnización de 12 días de salario por año, con un máximo de seis mensualidades. El preaviso es de 20 días si lleva más de un año (siete en los demás casos) y puedes sustituirlo por los salarios de ese periodo. Te lo revisamos en la Fase 1 por 302,50 € con IVA incluido.

Jamás. Trabajamos exclusivamente para quien emplea, incluidas las familias que contratan personal de hogar. Esa especialización no sustituye la comprobación de conflictos de interés que hacemos antes de aceptar cada encargo.